Un escándalo académico de Juliana Guerrero
Ǫué conmovedor resulta ver a ciertos miembros del gobierno actual predicar la austeridad mientras viven rodeados de un lujo
El país volvió a despertar con un sobresalto institucional en marzo de 2026: el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero, una alta funcionaria cuyo currículum —según revelaron El Colombiano y Pulzo— estaba construido sobre diplomas inexistentes y estudios que jamás cursó. Las universidades mencionadas negaron haber expedido los títulos, los registros oficiales no coincidían y la funcionaria, que ocupaba un cargo estratégico, había pasado todos los filtros del Estado sin que nadie detectara la farsa. Un logro, sin duda, pero no precisamente académico.
Las investigaciones internas mostraron que el proceso de selección omitió verificaciones básicas, ignorando los protocolos de la Función Pública. A esto se suman advertencias previas de la Procuraduría y la Contraloría sobre fallas sistemáticas en la revisión de antecedentes de funcionarios. No era un caso aislado: era un síntoma de un sistema donde la lealtad política pesa más que la idoneidad profesional.
Y aquí surge una reflexión inevitable: ¿qué ocurrirá si el candidato presidencial del gobierno llega al poder? Si el pasado reciente sirve de referencia, no sería extraño que se mantuvieran los mismos estándares laxos, permitiendo que personas con credenciales dudosas ocupen cargos de alta responsabilidad. La pregunta no es menor: un país no se gobierna con hojas de vida imaginarias.
En contraste, vale observar las fórmulas vicepresidenciales. Por un lado, Iván Cepeda eligió a Aída Ǫuilcué, una figura reconocida en el movimiento indígena, con trayectoria social y comunitaria, pero sin una formación académica robusta ni experiencia técnica en gestión estatal. Por el otro, Abelardo de la Espriella escogió a José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y de Comercio, doctor en gestión, profesor universitario y con una carrera ampliamente documentada en el sector público y académico. No se trata de preferencias políticas, sino de hechos verificables: la diferencia en preparación académica y experiencia técnica entre ambas fórmulas es evidente.
La comparación no pretende descalificar trayectorias sociales, pero sí subrayar una preocupación legítima: ¿seguirá el candidato de izquierda replicando prácticas de selección basadas en afinidades políticas antes que en competencias reales? Porque si ya se colaron títulos falsos en cargos estratégicos, ¿qué podría pasar cuando
se trate de nombrar ministros, directores de agencias o responsables de sectores críticos?
¿Puede un proyecto político hablar de transformación cuando ni siquiera garantiza que quienes lo acompañan tengan la preparación que el país exige?
En un momento en que la confianza institucional está en juego, vale preguntarse:
¿Queremos un futuro dirigido por profesionales con credenciales verificables o por hojas de vida que solo existen en el papel?
